Los derechos, en serio

Para enfrentar desde el Estado y las políticas públicas la problemática del empleo hay dos grandes visiones: la primera nos dice que es un mero problema de asimetrías de información en el mercado del trabajo; la segunda, que es un problema inherente al modelo económico, y que por ende, necesita ser enfrentado por el Estado, con un “enfoque de derechos”.

La distinción no es baladí. Si asumimos la primera concepción, la solución está dada por la sola información de mercado, vale decir, conectar a la oferta con la demanda de empleo. El “precio” de la mano de obra, en consecuencia, se fija por el mayor valor que el trabajador exhiba dentro de ese mercado, lo que moverá al empleador a contratarlo y a pagarle más.

Al Estado, en dicha concepción, le asiste sólo un rol de intermediador laboral, de facilitador de información para lograr que la oferta y la demanda de trabajo se encuentren.

Esta concepción tiene una grave falencia. Supone que la “culpa” del desempleo es del trabajador, vale decir, que por su falta de competencias básicas de empleabilidad (escasa formación específica, educación básica o media incompleta, exclusión de la educación superior, etc.) los empleadores no están dispuestos a pagar más por el trabajo ni están dispuestos a la contratación. En esa misma línea, las “rigideces” del derecho del trabajo (pagos de indemnizaciones, ingresos mínimos fijados por ley, pagos obligatorios de cotizaciones previsionales y de salud, etc.) conspiran contra el pleno empleo, ya que implican un “impuesto al trabajo” un gravamen a la actividad productiva del empresario. El epónimo de esta tendencia es el dogma de la “flexibilidad laboral” prédica permanente del neoliberalismo, y su corolario, la jibarización de los elementos protectores de la legislación laboral.

En cambio, si asumimos la segunda concepción, la “culpa” del desempleo no es del individuo trabajador, que solo, por sí y ante sí, debe mejorar sus competencias para alcanzar mejores condiciones de empleabilidad, sino que es un problema del modelo económico, que la sociedad debe asumir como tal, y en un imperativo ético irrenunciable, actuar para que el trabajo sea efectivamente un derecho de quienes constituimos la sociedad chilena como una comunidad ética, actuar para remover las estructuras sociales que impiden la igualdad en dignidad y derechos. En esta concepción decimos que el Estado debe promover “políticas activas de empleo”.

El “grito de Francia”, esas multitudes de jóvenes que salieron con fuerza a protestar a las calles en contra del proyecto de ley de Villepin, deben ser un fuerte llamado de atención para quienes tienen a su cargo las políticas activas de empleo en Chile. El proyecto francés respondía con una ortodoxia llevada al paroxismo a la primera concepción descrita: la culpa del desempleo juvenil es de los jóvenes. Para incentivar su contratación, entonces, debía desrregularse el contrato de trabajo juvenil, eliminar sus derechos, y la legislación protectora, eliminar las indemnizaciones en caso de despido injustificado, o dicho derechamente, otorgar libertad absoluta al empleador para despedirlos por cualquier causa, ya que en tal paradigma, la legislación protectora constituye trabas insalvables a la contratación. Como la culpa es del trabajador, subsidiamos al empresario, liberándolo del cumplimiento de la ley y expoliamos derechos a los trabajadores jóvenes.

Los jóvenes franceses le han dicho al mundo “basta”. Basta de abusos, basta de solucionar los problemas estructurales de la economía echando mano a los derechos y aboliéndolos. Basta de flexibilidad laboral. Sí a los derechos de los trabajadores. Son las respuestas que sociedades civiles organizadas dan cuando se juega con sus derechos, bajo el dogma de la economía neoclásica, que bajo la vertiente neoliberal ha llevado al mundo al salvajismo económico, a un “estado de naturaleza” hobbesiano, pero peor aun que la concepción de Hobbes, ya que a diferencia del filósofo británico que utiliza la figura como pretexto para construir a partir de él su modelo de República Eclesiástica y Civil, para los discípulos de von Hayeck y Milton Friedman la concepción del hombre como lobo del hombre parece estar legitimada.

En Chile el desempleo juvenil es tres veces más alto que la tasa de desempleo general. ¿Cómo impulsaremos las políticas de empleo en este segmento de la población? El enfoque mercantilista puede haber servido en el pasado, pero no es suficiente. Si algo podemos aprender del mundo global, sabremos que la solución francesa de Villepin no es solución. Se requiere un enfoque de derechos, que no implique la pérdida de garantías laborales, tan precarios en Chile si nos comparamos con las naciones europeas e incluso con algunos de nuestros pares de la Región.

Después de décadas de la aplicación del dogma de la flexibilidad laboral en Chile, parecemos asistir a su ocaso. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, ha asumido como imperativo la construcción de un Sistema de Protección Social. Específicamente en el contexto del empleo juvenil ha impulsado dos políticas fundamentales en este ámbito. Subsidios a la contratación de jóvenes del programa Chile Solidario, es decir, jóvenes excluidos socialmente y en condiciones de pobreza extrema, que lleva asociado un plan de capacitación, apresto laboral y acompañamiento en la búsqueda de empleo; y un proyecto de ley recientemente enviado al Congreso Nacional, para bonificar la contratación de trabajadores aprendices en la empresa, jóvenes de hasta 25 años, en que el Estado (vale decir, la sociedad concebida como comunidad ética) va a bonificar un 50% del ingreso mínimo mensual por 12 meses a los jóvenes que sean contratados en planes de formación dual, a cargo de un maestro guía de la empresa, de modo tal que sean además capacitados durante su período de empleo. El programa de aprendices es una de las respuestas que podemos dar como sociedad a la problemática del desempleo juvenil.

Otro elemento de exclusión de los jóvenes del mundo del trabajo es justamente la carencia de formación tradicional que muchos de ellos pueden exhibir (educación básica y media incompletas y falta de estudios técnicos o profesionales formales). Otro de los proyectos de ley en actual tramitación, presentado bajo el mandato del ex Presidente Ricardo Lagos, es el que crea el marco de competencias laborales, que una vez aprobado, va a permitir validar y reconocer públicamente los aprendizajes que se obtienen en la actividad laboral, fuera de la educación formal. Este proyecto, cuando sea ley, va a establecer un sistema nacional de certificación de saberes (competencias laborales) aprendidos dentro o fuera de aula, de modo tal que los jóvenes trabajadores, aun sin formación técnica o educación formal, van a poder transparentar y hacer reconocibles con un sistema público de certificación, sus competencias técnicas, que adquirieron en el ejercicio de su actividad laboral.

Los derechos de los trabajadores, más aún de los trabajadores jóvenes, no deben ser jamás objeto de transacción en un mercado. Son producto de luchas centenarias, logros del movimiento obrero y sindical e imperativos de justicia en una sociedad que no puede seguir tolerando los niveles de desigualdad que exhibe. El trabajo y los derechos que a él van asociados, son un instrumento espléndido de distribución del ingreso y de promoción de la igualdad, que no pueden ser renunciados como eje de política pública. No aprendamos del gobierno francés, sino de su sociedad civil organizada, que dijo NO al abuso.